La necesidad de limitar los piquetes

Autor: Horacio Giusto Vaudagna

Ya sea que se trate de un piquete organizado por los partidos de izquierda, una marcha en contra del Código de Convivencia o un reclamo originado en el Encuentro Nacional de Mujeres, lo cierto es que en Argentina se ha normalizado la manifestación pública como forma de expresión popular.

Ciertamente la libertad de expresión y de asociación son pilares en los contenidos pétreos de nuestra Constitución Nacional, pero así también lo es la norma que determina la inexistencia de derechos absolutos, por lo que cada prerrogativa encuentra sus límites en la regulación que se determina institucionalmente. Esta idea, la de regular en forma más exhaustiva las manifestaciones para que no se vulneren derechos de terceros, es la que subyace en el proyecto de reforma al Código Penal que tiene como principal artífice al camarista Mariano Borinsky.

En Argentina, según la consultora Diagnóstico Político, el año pasado hubo 5.221 cortes de tránsito a causa de protestas callejeras. Lamentablemente, no todas fueron pacíficas, ya que en reiteradas ocasiones hubo fuertes agresiones tanto al personal de las Fuerzas de Seguridad como a civiles circunstanciales. Además, pareciera ser que es parte de este folclore popular la necesidad de dañar bienes privados, pertenecientes muchas veces a humildes comerciantes, y públicos, tal como sucedió en diciembre del 2017 donde los arreglos al centro porteño costaron más de 23 millones de pesos, todo financiado con impuestos de los trabajadores.

Algunos dirigentes de izquierda creen que este proyecto de reforma representa una actitud fascista por parte del oficialismo. En rigor de verdad no es prudente hablar de fascismo en la actualidad. Democráticamente el pueblo argentino eligió un diseño institucional mediante el cual se asegura el mayor goce posible de libertades, sin vulnerar la de terceros. Cada organización es libre de manifestar sus pretensiones, pero no por ello puede arrogarse la potestad de ser dueña de los espacios públicos. No existen razones morales suficientes que justifiquen que alguien se vea vulnerado en su libertad de circulación, a causa de un conflicto que se da entre dos partes que le son ajenas.

En la actualidad, gracias al Poder Legislativo, Judicial, Mediático y Comunicacional, cada persona posee diversas formas de expresión para obtener una respuesta en forma civilizada. Pareciera ser que el reclamo en la calle es la única forma de visualización del conflicto, pero no se debe olvidar que no se puede justificar la violación de un derecho a un tercero que no es parte de dicho problema. Finalmente, es dable recordar que, si existen las vías democráticas e institucionales para resolver una contienda, llevar la política a las calles sienta las bases para una reacción totalitaria tal como sucedió en Europa en época de entre guerras, donde ciertos sectores quisieron ganar en los espacios de convivencia común lo que no podían ganar en las urnas.

Debate contra legislador del Partido Obrero sobre el proyecto de reforma del Código Penal que intenta regularizar las manifestaciones sociales.