Autor: Horacio Giusto Vaudagna
Formalmente
y siguiendo el proceso técnico que exige el marco legal, el martes 28 de Mayo
fue nuevamente presentado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE). La militancia de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
volvió a intentar que se discuta parlamentariamente su intención de modificar
el sistema jurídico vigente que restringe el acceso libre a cualquier práctica
que procure el aborto en una mujer.
Ante
el fracaso del proyecto durante el período legislativo 2018 en la Cámara de
Senadores, uno presupondría que esta nueva edición traería una base de mayor
consenso. Muy por el contrario, las posturas más repelidas por la opinión
popular se vieron reforzadas en la iniciativa exhibida en el presente año,
tales como permitir el aborto libre e indiscriminado hasta la semana 14
inclusive (siendo que a partir de las 12 semanas ya hay un Sistema Nervioso
Central que permite sentir cualquier tipo de dolor), aborto irrestricto en cualquier
estadio del embarazo si peligra el bienestar físico, psíquico o social (tal es
así que una vida de 8 meses de gestación podría ser abortada bajo excusa de la
pobreza de la madre), sin sanción a quienes intenten abortar por fuera de las
causales previstas legalmente, el sistema público solventando cualquier
práctica abortiva y la negación a la objeción de conciencia.
Esta
nueva edición permite vislumbrar una ideología más totalitaria que la precedente
y, atento al espíritu adverso al aborto que muestra la ciudadanía en su
generalidad, prefiere omitir todo Referéndum y simplemente cercenar la
discusión dentro del claustro político. Paradójicamente, siendo que medios
masivos de comunicación y el inmenso arco político se encuentran captados por
una corriente de pensamiento feminista, las estadísticas demuestran que más del
70% de la población no se siente representada por el movimiento. Esta
explicación quizás permita entender el pavor que tiene la supuesta “democracia”
de poner en manos del Pueblo una decisión tan dirimente como la legalización
del aborto.
Pero
más paradójico resultó ser lo acaecido el día que se presentó el nuevo
proyecto. Promover que ciertos derechos trascendentales queden en manos de una
pequeña élite política tiene sus riesgos y uno de ellos es que un diputado no
quiera pagar ningún costo político. Cualquier congresista vive en una posición
de privilegio si es comparado a un habitante promedio de la Nación, y dicha
posición para ser mantenida requiere simplemente no cometer ningún acto lo
suficientemente grave como para dañar su imagen pública. En un año de
elecciones pasó lo que cualquier analista serio podía prever; atento al repudio
masivo que tuvieron en redes sociales (un espacio aún incontrolable para el
Estado) los diputados que votaron en favor de legalizar el aborto durante el
período anterior, este año decidieron simplemente clausurar el debate para no
asumir ningún riesgo en campaña.
Tanto
el oficialismo como la oposición acordaron que recién el año que viene se le
dará tratamiento legislativo. Esto nos conduce, entre tantas opciones visibles,
a una sola conclusión lógica: Cada legislador sabe que el grueso poblacional
está en contra del aborto y sabe a su vez que hay presión externa para que el
proyecto sea aprobado. Si el arco político tuviera seguridad en que los
ciudadanos avalan y legitiman mayoritariamente el aborto, no se explica
entonces su temor a debatir la iniciativa feminista el presente año. Una vez
más ha quedado al descubierto que la democracia argentina es una mera ficción
que sólo funciona para la protección de ciertos privilegios. Los congresistas
en forma conjunta decidieron cambiar sus nombres a “Poncio Pilato” y
recordarle al pueblo que históricamente ningún político se ha animado a perder
su puesto de privilegio con tal defender al inocente.
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