Autor: Horacio Giusto Vaudagna
La
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el ente descentralizado
que gestiona las prestaciones de seguridad social, muestra nuevamente las
incoherencias tanto jurídicas como filosóficas que trascienden en la
posmodernidad. Independientemente de las discusiones que se podrían elaborar en
torno a la existencia de un Estado sobredimensionado, todo ser racional esperaría
mínimamente cierto grado de concordancia en el diseño jurídico; sin embargo el
Estado, mediante su repartición admirativa mencionada, ha dado muestra que es
demasiado pedir al gobierno de turno cierta correlación entre la realidad y el
discurso.
Si
uno ingresa al portal de la ANSES, específicamente al rubro “asignación
familiar”, verá que el comunicado oficial dice: “Cobro mensual, durante los meses de gestación, hasta el mes en el que
se produzca el nacimiento o la interrupción del embarazo”. Puede observarse
a prima facie que en efecto se reconoce una realidad constatable, la cual es la
situación de gravidez de alguna ciudadana. Empero, la asistencia prometida
puede darse hasta que nazca el nuevo individuo gestado, o hasta que se realice
un aborto conforme lo permite el orden jurídico actual de creación pretoriana
(protocolo de aborto no punible).

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